Condonación del CAE: una mala política pública

En su primera cuenta pública, el Presidente volvió a referirse a su promesa electoral de condonar la deuda educativa de quienes han cursado estudios universitarios utilizando mecanismos como el Crédito con Aval del Estado (CAE) para financiarlos. En el discurso presidencial, este y otros instrumentos -como el Fondo Solidario y los Créditos Corfo- representan una “mochila muy pesada: la deuda por estudiar”, que es preciso eliminar “de manera gradual y justa”.

Esa elección retórica omite mencionar que esos créditos, en la práctica, lejos de ser una mochila han sido una plataforma para impulsar el acceso a la universidad de centenares de miles de jóvenes. Han promovido la movilidad social de ellos y sus familias; sus beneficiarios tienen menores tasas de deserción que quienes acceden a otras formas de financiamiento; y en el caso del CAE, la ley fue reformada en 2012 de forma que en la actualidad la cuota mensual no supere el 10% del sueldo del deudor.

La motivación parece de orden político-electoral y hasta ahora carece de un diseño técnico adecuado que la sustente.

Al respecto, nuestra edición de ayer consignó un contundente diagnóstico del Panel de Políticas Públicas de la UC, donde el 84% de sus miembros -de distintas sensibilidades políticas- refrenda la opinión de que condonar el CAE “es una mala política pública”. En efecto, borrar esa deuda podría costar en torno a US$ 10 mil millones, pero no resuelve el problema de quienes siguen estudiando o quieran hacerlo en el futuro, abriendo la posibilidad de una gratuidad universal que un país en desarrollo no está en condiciones de sufragar. De hecho, incentiva la morosidad hoy a la espera de un “perdonazo” en el futuro, una gravosa carga para las universidades.

Tampoco distingue entre deudores con posibilidades de pagar -justamente porque su educación les ha permitido acceder a trabajos mejor remunerados-, de quienes enfrentan dificultades económicas. Por último, resulta injusto para quienes ya saldaron su deuda o están en vías de hacerlo.

La motivación parece, entonces, de orden político-electoral antes que técnico, o incluso de justicia con miras a emparejar la cancha. Efectivamente, una mala política pública, sin un diseño adecuado que la sustente.